Presunción fiscal bajo el 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF)

¿Qué pasa cuando el SAT duda de tus operaciones?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede cuestionar la validez de tus facturas electrónicas si considera que no cuentas con lo necesario para haber realizado las operaciones que amparan. Esto ocurre bajo el procedimiento previsto en el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), que busca combatir el uso de facturas falsas y empresas fantasma.

¿En qué consiste este procedimiento?

Cuando el SAT identifica que una empresa no tiene infraestructura, personal o recursos para operar, puede presumir que sus operaciones son ficticias. En ese caso, publica al contribuyente en una lista de “presuntos” y le otorga un plazo para desmentir dicha acusación. Si no lo logra, se le coloca en una lista definitiva, afectando seriamente su situación fiscal y la de quienes hayan usado sus facturas.

Una resolución clave: lo que dice la Suprema Corte

En marzo de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió esta disputa: el contribuyente solo está obligado a demostrar que tiene la capacidad operativa para emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) señalados, no que las operaciones se realizaron. Es decir, basta con probar que tenía empleados, equipo e infraestructura adecuada en el momento de emitir las facturas.

¿Qué significa esto para ti como contribuyente?

Si enfrentas este procedimiento, ahora sabes que tu defensa puede enfocarse en demostrar tu capacidad de operación. No necesitas, en esta etapa, justificar la ejecución real de cada servicio o entrega registrada. Esta distinción es clave para reducir la carga de prueba injustificada y proteger tus derechos durante la revisión del SAT.

Para el SAT, un mensaje claro

La autoridad debe ser más cuidadosa antes de señalar a un contribuyente como simulador de operaciones. No basta con sospechas: necesita evidencia clara de que el emisor carece de recursos para operar. Además, no puede exigir la prueba de materialidad en esta etapa; eso queda reservado para auditorías formales.

Conclusión

Gracias a esta jurisprudencia, el proceso fiscal se vuelve más claro y justo. Los contribuyentes cuentan con una línea de defensa sólida basada en su capacidad operativa, mientras el SAT debe actuar con mayor precisión y responsabilidad. Esto representa un avance importante para fortalecer la legalidad, la transparencia y la seguridad jurídica en materia fiscal en México.