Suspensión de CSD: ¿Medida preventiva o afectación a derechos?

¿Qué es la suspensión del Certificado de Sello Digital (CSD)?

La suspensión temporal del CSD es una medida fiscal usada por el SAT para frenar posibles irregularidades como no declarar impuestos o emitir facturas falsas. Esta acción está regulada por el artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF) y se aplica de manera inmediata, impidiendo que los contribuyentes emitan facturas digitales mientras aclaran su situación.

¿Qué dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

La Segunda Sala de la SCJN resolvió que esta suspensión no constituye un acto privativo, sino un acto de molestia. Esto significa que no se requiere una audiencia previa para su aplicación, ya que la suspensión es temporal y reversible. Según este criterio, los contribuyentes pueden defenderse después mediante aclaraciones, recursos legales o juicios administrativos.

¿Por qué se cuestiona esta postura?

Aunque en teoría no es definitiva, en la práctica, suspender el CSD paraliza las operaciones comerciales. Sin poder facturar, muchos negocios enfrentan pérdida de ingresos, cancelación de contratos y riesgo de cierre. Esto ha llevado a especialistas a considerar que, aunque formalmente sea una medida preventiva, sus efectos reales son equiparables a una sanción, con implicaciones graves para la seguridad jurídica.

Críticas más relevantes:

• Impacto económico directo: Sin CSD, una empresa no puede emitir facturas, lo que puede paralizar su operación.
• Presunción de culpabilidad: Se aplica de forma automática, sin escuchar al contribuyente antes.
• Riesgo de uso discrecional: La autoridad fiscal tiene un amplio margen para aplicar la medida, lo que genera incertidumbre.
• Carácter sancionador disfrazado: Aunque la autoridad dice que no es castigo, el impacto es similar a una sanción formal.

Conclusión

Aunque la Suprema Corte considera que la suspensión del CSD es solo un acto de molestia, muchos expertos señalan que sus consecuencias son más graves. Esta medida puede afectar seriamente a los contribuyentes, limitar sus derechos y poner en riesgo sus negocios. Por ello, es fundamental revisar su aplicación para garantizar el debido proceso, el derecho de defensa y la seguridad jurídica en México.