Antilavado en México: Nueva obligación de conservar documentos por 10 años

Los sujetos obligados deberán adaptarse a un nuevo estándar documental que busca mejorar el rastreo de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Qué cambió?

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) fue modificada. Uno de los ajustes clave es el nuevo plazo obligatorio para conservar información relacionada con actividades vulnerables: ahora serán 10 años, en lugar de 5.

Este cambio responde a la necesidad de contar con registros suficientes que permitan a las autoridades rastrear operaciones sospechosas incluso muchos años después de ocurridas. También busca alinear a México con estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero.

¿Qué implica este nuevo plazo?

• Más tiempo para guardar información: El conteo comienza desde la fecha en que se realiza la operación, y se detiene si hay juicios o recursos legales en curso. El plazo se reactiva cuando hay resolución definitiva.
• Custodia reforzada: No basta con almacenar documentos. También deben conservarse registros que permitan reconstruir cada operación, incluyendo comunicaciones y análisis previos.
• Excepción para comercio exterior: Quienes realicen actividades vinculadas a comercio exterior (art. 17, fracción XIV) seguirán plazos específicos que definirá la Secretaría mediante reglas generales.

¿Cómo afecta a las empresas y organizaciones?

• Más gasto en almacenamiento: Se requerirá infraestructura digital o física más robusta para resguardar grandes volúmenes de información por más tiempo, de forma segura y accesible.
• Auditorías más efectivas: Las autoridades podrán revisar operaciones realizadas hasta una década atrás, lo que eleva la importancia de tener registros correctos y completos.
• Mayor riesgo de sanciones: Errores, omisiones o documentos faltantes pueden ser detectados años después, lo que amplía el tiempo en que las entidades están expuestas a consecuencias legales.
• Protocolos internos más sólidos: Se vuelve indispensable contar con políticas de gestión documental bien estructuradas, respaldos digitales, accesos controlados y herramientas de consulta rápida.

Conclusión

El nuevo plazo de 10 años para conservar documentos antilavado eleva el estándar de cumplimiento para las empresas en México. Si bien representa un reto operativo, también fortalece la prevención del lavado de dinero y permite a las autoridades tener mayor alcance en sus investigaciones. Adaptarse a esta medida no es solo una obligación legal, sino una forma de proteger la integridad de las operaciones comerciales en el largo plazo.