En junio de 2025 entró en vigor una reforma a la Ley Federal del Trabajo que reconoce como empleados a repartidores y conductores que operan a través de plataformas digitales como Uber, DiDi, Rappi y similares.
Este cambio establece que, bajo ciertas condiciones, las aplicaciones deben otorgar seguridad social, prestaciones y protección laboral, además de cumplir con nuevas obligaciones fiscales y de registro.
Afiliación al IMSS y prestaciones laborales
La reforma determina que, si un trabajador de plataforma genera ingresos iguales o superiores al salario mínimo mensual, la empresa debe registrarlo como empleado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Con ello, se garantiza acceso a prestaciones como:
• Aguinaldo
• Vacaciones pagadas y prima vacacional
• Reparto de utilidades
• Créditos de vivienda a través del Infonavit
En casos donde los ingresos sean menores al salario mínimo, se otorgará una cobertura parcial enfocada principalmente en riesgos de trabajo, sin acceso completo a todas las prestaciones.
Obligaciones para las plataformas digitales
Las empresas que operan bajo este modelo deben cumplir con una serie de requisitos legales y administrativos:
• Registrarse como patrones ante el IMSS
• Dar de alta y baja a sus trabajadores
• Pagar las cuotas obrero-patronales correspondientes
• Presentar reportes periódicos con la información de los empleados
El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en multas, sanciones administrativas e incluso en la suspensión de operaciones.
Retos fiscales y económicos
A pesar de que la relación laboral se reconoce para fines de seguridad social, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sigue considerando a estos trabajadores como independientes para efectos fiscales.
Esto genera una desconexión legal que podría traer complicaciones en la retención de impuestos y en la declaración anual.
Además, se prevé que algunas plataformas ajusten sus tarifas o comisiones para cubrir los nuevos costos derivados de la reforma.
Conclusión
La reforma laboral 2025 representa un cambio estructural en el mercado de trabajo digital en México, buscando proteger a miles de personas que dependen de aplicaciones para generar ingresos. Sin embargo, también implica mayores responsabilidades y costos para las plataformas, así como un nuevo panorama fiscal y administrativo que las empresas deberán manejar con cuidado.