Se establece la obligación de presentar avisos e informes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mismos que se regirán conforme a las Reglas de Carácter General que esta emita.
Se establece que cuando un sujeto obligado tenga sospechas o información basada en hechos o indicios de que los recursos relacionados con un acto u operación puedan estar vinculados a delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, deberá presentar un aviso dentro de las 24 horas siguientes a haber tenido conocimiento o generado la sospecha. Esto aplica incluso si el acto u operación no se concretó.
El aviso deberá considerar las guías que la Secretaría emita conforme a las reglas generales, reforzando así la capacidad de reacción rápida y oportuna para prevenir y combatir el lavado de dinero.
Conclusión
La reforma fortalece la respuesta de los sujetos obligados ante indicios o sospechas de operaciones ilícitas, imponiendo un plazo estricto y corto para reportar a la autoridad, lo que contribuye a una detección y seguimiento más eficiente.
Este cambio obliga a que los mecanismos internos de monitoreo, evaluación y reporte sean ágiles y efectivos, asegurando que las alertas se transformen en avisos inmediatos y que se cumpla con los procedimientos oficiales. Esto reduce riesgos legales y mejora la cooperación con las autoridades.