El Gobierno de la Ciudad de México ha puesto en marcha un ambicioso Plan de Regularización Fiscal 2026, diseñado para facilitar que tanto ciudadanos como empresas pongan al corriente sus obligaciones tributarias locales. Esta iniciativa no es solo una medida de alivio económico, sino una estrategia integral para fortalecer la cultura contributiva y reducir el rezago histórico en la capital.
Incentivos para la Regularización de Adeudos
El núcleo de este programa radica en la reducción de las cargas financieras que impiden a muchos contribuyentes normalizar su situación. La Tesorería de la CDMX busca, a través de estos incentivos, transformar la relación entre el fisco y el ciudadano, priorizando el cumplimiento voluntario sobre los procesos de ejecución coactiva.
Descuentos en Multas, Recargos y Predial
Los beneficios establecidos para este periodo son significativos y abarcan diversos impuestos locales:
• Reducción de Multas: Se otorga hasta un 90% de descuento en la multa principal, siempre que se liquiden los adeudos omitidos.
• Predial y Agua: Para inmuebles con valores catastrales bajos y pequeños comercios, se contemplan condonaciones de hasta el 100% en recargos y multas derivadas de periodos anteriores.
• Exclusiones Críticas: Es fundamental señalar que estos beneficios no aplican para infracciones graves, tales como invasión de ciclovías, carriles confinados, lesiones a terceros o hechos vinculados a delitos.
Comparativa: Beneficios Locales vs. Federales (SAT)
A diferencia del programa federal del SAT —que permite reducciones de hasta el 100% para contribuyentes con ingresos menores a 300 millones de pesos—, el plan de la CDMX se enfoca en la realidad urbana y los derechos ciudadanos locales. Mientras que el SAT impone plazos estrictos hasta octubre de 2026 y requisitos de historial crediticio, la CDMX busca una aplicación más directa sobre el patrimonio inmobiliario y los derechos de suministro básicos.
Conclusión
El Plan de Regularización 2026 representa una oportunidad estratégica para sanear las finanzas personales y corporativas. Al equilibrar los incentivos fiscales con la exclusión de faltas administrativas graves, la administración logra un esquema de justicia distributiva. Este programa no solo incrementa la recaudación líquida a corto plazo, sino que estabiliza la base de contribuyentes para los próximos años, permitiendo una gestión presupuestaria más eficiente y menos dependiente de la recuperación de carteras vencidas.